Contribuir a la igualdad de género y beneficiar la economía de las mujeres, el objetivo de Maribel Ramírez Topete.
Eliminar cualquier impuesto o sobreprecio en razón de género en productos y servicios es el propósito del anteproyecto de la diputada Maribel Ramírez Topete, quien con esta medida busca que se logre contribuir a la igualdad de género y beneficiar la economía de las mujeres.
Al presentar su propuesta durante la Decimaprimera Sesión Ordinaria del Segundo Período Ordinario del Primer Año de Ejercicio Constitucional, la legisladora refirió la Iniciativa de Decreto, planteada por el senador Clemente Castañeda Hoeflich, el 30 de marzo de 2022, que propone establecer como principio básico de las relaciones de consumo la protección de la seguridad y derechos del consumidor, así como erradicar cualquier tipo de impuesto sexista o de sobreprecios en razón de género de productos y servicios.
Señaló que existe una marcada diferencia de precios en productos de igual función, marca y contenido, solo por el género al que están dirigidos. Este fenómeno –prosiguió la Diputada- es conocido como impuesto rosa, impuesto sexista, o pink tax, expresiones que se pueden resumir en el simple hecho de que en determinados productos, aun cuando son idénticos en su funcionalidad, tienen un precio diferenciado por el color del producto, aunado a la propaganda del mismo, la cual está dirigida al género femenino.
Finalmente, advirtió que los productos de cuidado con similares características cuentan con sobreprecios cuando el público objetivo de mercado son las mujeres y que paradójicamente son ellas quienes perciben menores ingresos en México, con una diferencia de hasta 30 por ciento en relación con los hombres.
El Anteproyecto de Punto de Acuerdo, para exhortar al Honorable Congreso de la Unión para que, dentro del ámbito de sus atribuciones, busque los consensos necesarios para la aprobación de la Iniciativa de Decreto presentada en el Senado de la República, que propone reformar los artículos 1, 25 Bis y 58 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, fue turnado a la Junta de Coordinación Política.
