DECRETAN ESTADO DE EMERGENCIA EN PERÚ TRAS PROTESTAS EN CONTRA DE LA DESTITUCIÓN Y DETENCIÓN DE PEDRO CASTILLO
El Gobierno de Perú declaró Estado de Emergencia en todo el país este 14 de diciembre durante los próximos 30 días. El ministro de Defensa, Alberto Otarola, sentenció que esta medida responde a “hechos vandálicos y violentos” en las manifestaciones en contra de la detención y destitución del expresidente Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre tras haber declarado la disolución temporal del Congreso.
Desde la detención del expresidente Pedro Castillo, en diversas zonas de Perú se registraron multitudinarias protestas en contra de la medida tomada por el Congreso peruano, en dichas manifestaciones se han registrado hasta el momento al menos siete personas fallecidas al enfrentarse a la Policía Nacional de Perú (PNP).
Medios internacionales reportaron que en regiones como en Lima, capital del país, Andahuaylas y Apurímac, las manifestaciones y choques entre la PNP y manifestantes provocaron la muerte de al menos tres personas entre el 10 y 11 de diciembre. Usuarios de redes sociales denunciaron la represión de la PNP en contra de los reclamantes que exigen el cierre del Congreso a las afueras del Palacio Legislativo.
Días después de que se diera el “Golpe Congresal”, el Frente Agrario y Rural Del Perú (FARP) se declaró en “insurgencia popular” frente a lo que llamaron un “golpe de Estado planificado y perpetrado por el Congreso de la República, la cúpula de las FF. AA, la prensa, el Poder Judicial y el Ministerio Público”. La FARP exigió la libertad y reposición en el mandato del expresidente Pedro Castillo.
Medios internacionales reportan que alrededor de 10 mil campesinos de la región de Ucayali, Perú, también protestaron para exigir el cierre del Congreso de la República y la liberación del expresidente Pedro Castillo.
Por otro lado, el gobernador de Apurímac, Baltazar Lantaron, exigió elecciones anticipadas, el cierre del Congreso y una Asamblea Constituyente. Mientras tanto, el aeropuerto de la región de Andahuaylas tuvo que cerrar su terminal producto de las protestas y de los “ataques vandálicos”. Frente a esto, la Corporación Peruana de Aeropuerto y Aviación (CORPAC) solicitó refuerzos de la PNP para colaborar en la supuesta “liberación de rehenes” que fueron retenidos por manifestantes que exigen nuevas elecciones nacionales.
