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Seguridad pública sería derecho fundamental en Veracruz

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• Presenta diputado Jaime Enrique de la Garza Martínez una iniciativa para actualizar la Constitución Política local.

El diputado Jaime Enrique de la Garza Martínez propuso que la seguridad pública, la protección de los bienes y vivir en un entorno de tranquilidad social, libertad, paz y orden públicos sean derechos fundamentales reconocidos y garantizados por la Constitución Política del Estado de Veracruz, en favor de todas las personas y en toda la entidad.

La propuesta fue presentada por el referido legislador durante la Cuarta Sesión Ordinaria del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, mediante una Iniciativa de Decreto que adiciona un tercer párrafo, recorriéndose los subsecuentes, al Artículo 4 del máximo ordenamiento estatal.

Jaime Enrique de la Garza consideró que la seguridad no es sólo un valor jurídico, normativo o político, sino también social, pues, acotó, es la base del bien común de las sociedades, indispensable para el desarrollo equitativo y justo de todos sus integrantes.

Respecto a los Derechos Humanos, amplió el Diputado, la seguridad es causa y consecuencia. “Como causa, explica que no se puedan garantizar otros derechos si no está garantizada la seguridad de los ciudadanos de un estado. Como consecuencia, hay que ser conscientes de que el incumplimiento del resto de los derechos genera inseguridad”, precisó.

Refirió la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en cuyo artículo 3 establece que “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”, además de otros ordenamientos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

De acuerdo con el legislador, su propuesta implica que el Estado transforme el enfoque actual, que hace de la seguridad pública una obligación de brindar un servicio público, para ser considerada un derecho de las personas y, por tanto, exigible individual o colectivamente.

De la Garza Martínez añadió que la seguridad pública ya se encuentra reconocida como un derecho humano en la legislación de otras entidades federativas del país como Baja California Sur, Chiapas, Ciudad de México, Durango, Guerrero, Hidalgo, Querétaro, Tabasco y Zacatecas.

Esta iniciativa, con la adhesión de los grupos legislativos del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), así como las diputadas Ruth Callejas Roldán y Citlali Medellín Careaga, fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

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