• Establecerá vínculos con los gobiernos federal, estatal y municipal, para atender los temas prioritarios en materia de protección civil y reducción de riesgos.
Las diputadas Elizabeth Cervantes de la Cruz, Gisela López López e Illya Dolores Escobar Martínez, presidenta, secretaria y vocal, respectivamente, de la Comisión Permanente de Protección Civil de la LXVI Legislatura, aprobaron por unanimidad el Plan Anual de Trabajo que regirá al ente legislativo para el primer año de ejercicio constitucional.
El documento prioriza el fortalecimiento de la cultura de prevención y protección civil, así como la reducción de riesgos de desastres, a través de un trabajo coordinado con los tres niveles de gobierno cuyo objetivo sea la atención de los temas prioritarios, las necesidades precisas de las localidades de la entidad, y una campaña de información preventiva, dirigida a la población vulnerable asentada en zonas de alto riesgo.
En conjunto con la Secretaría de Protección Civil (SPC) del Gobierno del Estado, se prevé la implementación de una estrategia de trabajo para las Unidades Municipales de Protección Civil 2022, a través de cuadernillos de trabajo, la plataforma digital para el diseño de sus Programas Municipales y una gira por el estado que permita hacer llegar asistencia técnica y herramientas para coadyuvar al cumplimiento de sus responsabilidades legales.
A través de foros de discusión y mesas de diálogo con organizaciones de la sociedad civil, academia y expertos en la materia, y en coordinación con la SPC, la instancia legislativa contempla realizar un análisis del marco jurídico vigente a fin de incluir perspectivas y sugerencias que abonen a la normatividad establecida de acuerdo con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Finalmente, la Comisión vigilará que en el Presupuesto de Egresos Estatal sean destinados los recursos necesarios para el cumplimiento de las metas y objetivos contenidos en el Plan Veracruzano de Desarrollo. Además de verificar, a través de las áreas de fiscalización y las comparecencias de las autoridades competentes, la debida aplicación de los recursos en beneficio de la ciudadanía.
