• La norma debe tener conceptos y procedimientos claros para acceder a la justicia pronta y expedita: diputada Alavéz Ruiz 

• Grupo de Trabajo de Justicia Cotidiana buscará tareas en conferencia con el Senado para realizar deliberación conjunta

El Grupo de Trabajo de Justicia Cotidiana, que coordina la diputada Aleida Alavéz Ruiz (Morena), prevé realizar foros de Parlamento Abierto en julio y agosto, a fin de analizar la propuesta para expedir el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y adecuar las leyes generales y federales que así lo requieran. 

Al presentar el plan de trabajo del Grupo, la diputada Alavéz Ruiz añadió que se buscará trabajar en conferencia con el Senado de la República para llevar a cabo una deliberación conjunta y buscar una manera más idónea de trazar la ruta para la construcción de esta propuesta.

El objetivo del Grupo es analizar y redactar, con base en la normatividad constitucional y convencional, un cuerpo normativo que propicie claridad en conceptos y procedimientos, para que los gobernados e instituciones responsables de su ejecución accedan a una impartición de justicia pronta y expedita con los más altos estándares de derechos humanos.

Además, fortalecer temas que impliquen beneficios directos a la mayoría y sean atendibles por las instituciones del Estado; incorporar principios pro persona y de sensibilidad a las diferencias, para que las y los gobernados, independientemente de su condición económica, política y social, puedan acceder a la justicia.

Expresó que el objetivo es atender la omisión legislativa a un mandato constitucional como resolución judicial que ordena la emisión del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, respecto de la reforma constitucional publicada el 15 de septiembre de 2017 en materia de justicia cotidiana.

Explicó que esa reforma modificó el primer párrafo del artículo 16, adicionó un párrafo tercero al artículo 17, y la fracción XXX, del artículo 73, en materia procesal civil y familiar.

Por lo que hace a los preceptos 16 y 17, un Segundo Artículo Transitorio establece que las reformas entrarán en vigor a los 180 días naturales siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y que, en los casos en que se requiera, el Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas deberán adecuar a las modificaciones en cuestión, respectivamente, las leyes generales y las leyes federales, así como las leyes de las entidades federativas.

Asimismo, en un Artículo Cuarto Transitorio estipula que el Congreso de la Unión deberá expedir la legislación procedimental a que hace referencia la fracción XXX del artículo 73 constitucional adicionado mediante el presente Decreto, en un plazo que no excederá de ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

Dijo que se trata de una norma muy compleja, de trascendencia, que impacta la vida de las personas. “Se resuelven casos como la guarda y custodia, divorcios, sucesiones de interdicción, entre otras muchas, y es supletorio de materias como la administrativa, legislativa, electoral y mercantil, por lo que su impacto afecta a todas las personas e instituciones del país”. 

Aclaró que “no vulneramos las atribuciones de las comisiones ordinarias; al contrario, robustecemos desde la Jucopo un producto legislativo con el mayor alcance posible por su trascendencia e importancia”.

Indicó que hay iniciativas que serán “el punto de partida para iniciar el análisis del entramado del Código como tal y estableceremos un procedimiento para su análisis”. 

Asimismo, dio un resumen sobre la resolución al amparo en revisión 265/2020 relativa a la omisión del Congreso de la Unión de expedir el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y adecuar las leyes generales y federales que así lo requieran para cumplir con lo previsto en los artículos 16, primer párrafo, y 17, tercer párrafo, de la Constitución Federal.

Dijo que el 11 de abril de 2018 la Barra de Abogados y el Colegio de Abogados presentaron demanda contra el Congreso de la Unión por la omisión legislativa, y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concedió el amparo y ordenó al Congreso de la Unión emitir el cuerpo normativo.

El plazo venció el 15 de diciembre de 2021, dijo, pero se envió un informe de la instalación de este Grupo de Trabajo, que atenderá el mandato judicial, y se solicitó segunda prórroga porque la primera venció el 30 de abril pasado.

Señaló que la resolución establece que “fijar un plazo fatal para emitir las reformas o la ley, puede perjudicar las condiciones ideales que deben desarrollarse en la deliberación pública”. Añade que el Congreso federal podrá justificar el retraso en atención del desarrollo del proceso legislativo y que será el juez que evalúe si se justifica realmente el retraso en la emisión de reformas o ley y si se puede hablar de acciones en vía de cumplimiento. 

Dijo que el amparo tiene una resolución y que “los tiempos que explican no dependen de un plazo fatal que nos fijemos para cumplirlo, sino que nosotros mismos pongamos, como grupos parlamentarios, para tener un producto legislativo a finales del periodo siguiente”. Se tienen materiales para revisar las actividades del plan de trabajo y las acciones que podemos determinar para desahogar la discusión, puntualizó. 

Actividades y plan de trabajo

La diputada Alavéz Ruiz informó que las reuniones ordinarias del Grupo de Trabajo, durante el receso se llevarán a cabo los lunes a las 11:00 horas, en la sala de reuniones de Junta de Coordinación Política (Jucopo) para deliberar semana a semana sus avances.

La diputada Rosangela Amairany Peña Escalante (Morena) pidió tomar en cuenta los insumos que han elaborado las y los especialistas en la materia para reforzar los trabajos de este grupo. 

La diputada Sonia Mendoza Díaz (PVEM) consideró necesario establecer métodos para integrar las iniciativas del grupo y desahogar con claridad estos asuntos en las reuniones correspondientes. “Hay muchos actores interesados en estos temas, debemos esquematizar para realizar las convocatorias correspondientes”. 

La diputada Mary Carmen Bernal Martínez (PT) destacó la necesidad de invitar a las y los presidentes de los tribunales estatales que son los que atienden de manera directa el tema de justicia cotidiana.