Este fin de semana circuló el dictamen de la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales respecto a una Iniciativa que presenté para adecuar las leyes secundarias con la Reforma Constitucional que –también a propuesta mía- desapareció el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y creó el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz.
Como este martes tenemos sesión, es casi seguro que aprobaremos dicho dictamen, con lo que prácticamente estará terminado el Proceso Legislativo para inaugurar una nueva era en materia de justicia administrativa. Ya de ahí, sólo estará pendiente que el propio Tribunal, ya constituido, expida sus nuevos reglamentos.
¿Por qué mi insistencia con este asunto? Porque los tribunales administrativos del Estados –y el de la Federación- tienen dos atribuciones muy importantes para la vida pública:
Por un lado, son los encargados de solucionar inconformidades de ciudadanas y ciudadanos con el poder público de índole no penal. Los actos reclamados pueden ser multas, clausuras, revocaciones de permiso o cortes de agua que cualquier persona considere injusta o desproporcionada. Sin un buen Tribunal Administrativo cualquier autoridad se puede pasar de rosca sin que nadie defienda a la ciudadanía.
Y, por otro lado, los Tribunales Administrativos son parte del Sistema Anticorrupción porque se encargan de aplicar las sanciones no penales a servidoras y servidores públicos que le jugaron al vivo y cometieron faltas (que, justamente, se llaman faltas administrativas). En otras palabras, son los encargados de inhabilitar a corruptas y corruptos para que no vuelvan –al menos por varios años- a trabajar en cualquier área de Gobierno.
Por eso, un Tribunal Administrativo débil, ineficaz, ineficiente, burocrático y mal organizado es una calamidad para el pueblo.
Esta reforma es una de las que podemos sentirnos más orgullosos, mis compañeras, compañeros y un servidor. Vamos a dejarle a Veracruz un Tribunal que sea auténtico reflejo de los nuevos tiempos de la Cuarta Transformación y un contrapeso contra servidoras y servidores públicos –de ahora y del futuro- que se pasen de galletas con el pueblo y con el dinero que no es suyo.
Aguanten, ya vamos por menos.
*Diputado local. Presidente de la Junta de Coordinación Política.
Por un lado, son los encargados de solucionar inconformidades de ciudadanas y ciudadanos con el poder público de índole no penal. Los actos reclamados pueden ser multas, clausuras, revocaciones de permiso o cortes de agua que cualquier persona considere injusta o desproporcionada.
