Delito de ultrajes ya está invalidado, no hace falta que Congreso Local lo publique: Abogados


**Sólo con la notificación de la Suprema Corte de Justicia el delito quedó invalidado.
**Jueces enfrentarán consecuencias si no lo entienden, no puden alegar desconocimiento.
**Juan Javier Gómez Cazarín, Presidente de la JUCPO ya la había explicado con bolitas y palitos.
**Detractores y contreras se empeñaban en asegurar que enfrentaría consecuencias legales en Congreso.

Xalapa, Ver. 07 abril 2022.- Es totalmente innecesario que el Congreso Local publique un decreto derogando el delito de “ultrajes a la autoridad” para que la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) surta efectos generales, por lo que existe una discusión totalmente “estéril” al respecto, aseveró el Presidente del Foro Liberal de Abogados del Estado de Veracruz, Roberto Rodríguez Cruz.

El abogado dijo que la SCJN ya fijó con claridad en su resolución que la invalidez del delito de ultrajes a la autoridad surtiría efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de la sentencia al Congreso Local, momento a partir del cuál sería retroactivo al 12 de marzo de 2021.

Rodríguez Cruz mencionó que existe un total desconocimiento sobre el tema por parte de las personas o barras de abogados que opinan que el Congreso Local está incurriendo en una “ilegalidad” al no derogar dicho delito, ya que tras la sentencia de la SCJN el Congreso Local no requería de su publicación para que surtiera efectos, si no que la norma fue totalmente invalidad en el momento en que la SCJN notificó los puntos resolutivos de la sentencia a la Legislatura Local.

Con esto queda totalmente descartado que el Congreso Local o el Presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Juan Javier Gómez Cazarín hayan caído en un desacato o en una ilegalidad al “no publicar” la sentencia de la SCJN, por lo que los detractores del Gobierno del Estado y de Gómez Cazarín se quedaron con las ganas de “lincharlos” como pretendían hacerlo con el asunto de la derogación del delito de ultrajes a la autoridad en el Congreso Local.