• Las autoridades de la CDMX deberán implementarse medidas para las personas inquilinas afectadas en el acceso a la vivienda durante la pandemia.
• Por primera vez, el Poder Judicial Federal reconoce que las autoridades tienen responsabilidades y obligaciones en materia de derecho a una vivienda adecuada frente al COVID-19

Un Juez federal ordenó al Gobierno de la Ciudad de México de evaluar la situación actual por la que atraviesa la población inquilina vulnerable y generar las acciones necesarias para prevenir y mitigar los efectos de la pandemia en quiénes pagan una renta. Lo anterior tras constatar que las autoridades no adoptaron ningún tipo de medida para evitar afectaciones al derecho a una vivienda adecuada como sí se hizo en otros países.

En marzo de 2020, la señora María Luisa perdió su empleo debido a la contingencia sanitaria. De ella dependen su hijo menor de edad y su madre, una mujer de más de ochenta años con problemas respiratorios. Con el tiempo se quedó sin recursos para poder pagar la renta, por lo que su casero le exigió abandonar el lugar en el cual vivía desde hace cuarenta y cinco años. La familia hubiera necesitado beneficiarse de algún apoyo gubernamental o medida enfocada a evitar su desalojo como sucedió en más de 12 países y numerosas ciudades en el mundo, pero se encontró con que en México ningún nivel de gobierno estaba buscando evitar que las personas vulnerables pasaran a una situación de calle.

En mayo de 2021, la familia de la señora María Luisa recurrió a la asesoría jurídica de la Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL) y de la abogada Carla Luisa Escoffié Duarte y presentó una demanda de amparo en contra de diversas autoridades por no haber adoptado ninguna medida para prevenir y mitigar los efectos de la pandemia en el acceso a la vivienda de las personas inquilinas.

El 10 de agosto del presente año , el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México concedió el amparo a la madre de la señora María Luisa a cuyo nombre se encuentra el contrato de arrendamiento, reconociendo que la omisión de las autoridades significó una violación al derecho a la vivienda adecuada. También destacó que desde 2020 la Relatoría de la ONU para el derecho a la vivienda exhortó a los países a adoptar “medidas extraordinarias para asegurar el derecho a una vivienda para todo el mundo para protegernos ante la pandemia”.

En la sentencia, ordenó a la Jefa de Gobierno evaluar “la situación actual por la que atraviesa la población vulnerable, relacionada con el derecho a la vivienda”, así como en su caso generar una política para “prevenir y mitigar los efectos sociales y económicos de la pandemia en personas inquilinas de la Ciudad de México”. También ordenó a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) obtener, analizar y difundir “información sobre los efectos generados en el acceso a la vivienda de arrendamiento e incrementos en desalojos” con motivo de la pandemia del COVID-19.

El equipo jurídico que acompaña a María Luisa y a su familia, que desde el inicio de la pandemia ha impulsado y participado en solicitudes y propuestas dirigidas a las autoridades haciendo presente el problema de las personas inquilinas y planteando la necesidad de que se emitieran medidas para evitar los desalojos durante la crisis sanitaria, económica y social desatada por el COVID-19, saluda esta sentencia histórica y confía en que las autoridades no recurrirán la decisión ante un Tribunal Colegiado.