El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la exposición de iniciativa de reforma a la Constitución que ratifica la austeridad republicana como principio rector para la correcta administración del presupuesto, así como el tope salarial para servidoras y servidores públicos.
En conferencia de prensa matutina la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, detalló que el proyecto de modificación al artículo 134 constitucional respaldará el ejercicio responsable de los recursos del pueblo.
Los argumentos hacen frente a las resistencias de algunas autoridades que no aplican la política de austeridad republicana, escudándose en la división de poderes, la autonomía constitucional o la soberanía de los estados.
Al respecto, la funcionaria presentó los planteamientos, enviados por el Ejecutivo el 5 de febrero a la Cámara de Diputados, que aseguran la austeridad republicana en todos los niveles de gobierno:
- Facultar al Congreso de la Unión para expedir una Ley General de Austeridad Republicana, obligatoria para todos los poderes, niveles y autoridades del Estado mexicano sin excepción.
- Prohibir la adquisición de bienes o servicios que no sean indispensables para las funciones propias del servicio público.
- Suprimir esquemas privados de jubilación, pensión y retiro; seguros de separación, de gastos médicos mayores o de vida; cajas de ahorro o cualquier otro privilegio pagado con recursos públicos.
La aprobación de la Ley Federal de Austeridad Republicana en 2019 ha permitido en cinco años de administración ahorrar miles de millones de pesos que se invierten en el bienestar del pueblo y el desarrollo nacional.
Ningún servidor público gane más que el Presidente de la República
La secretaria de Gobernación expuso que la iniciativa de reforma a la Carta Magna garantizará que ningún servidor público gane más que el presidente de la República, cuya remuneración no superará el equivalente a 73.04 veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Ante representantes de medios de comunicación ejemplificó que la UMA anual de 2023 fue de 37 mil 844.40 pesos, cifra que multiplicada por 73.04 da como resultado 2 millones 764 mil 155 pesos anuales brutos. De esta forma se estipulará el máximo de salarios de funcionarias y funcionarios públicos.
En ese sentido agregó que los gastos propios del desarrollo de un cargo y los que se realicen en el cumplimiento de funciones oficiales no forman parte de la remuneración.
Los ahorros por este concepto serán destinados al Fondo de Pensiones para el Bienestar, instrumento que facilitará al gobierno participar en el pago de pensiones completas a trabajadoras y trabajadores incorporados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Desde 2009 el artículo 127 constitucional prohíbe a los servidores públicos ganar más que el presidente de la República, sin embargo, 2 mil 560 funcionarios federales violan este principio. De ese total, 2 mil 377 pertenecen al Poder Judicial y 182 forman parte de cuatro órganos autónomos. El excedente de las remuneraciones inconstitucionales supera los 2 mil 264 millones de pesos.
A nivel estatal también existe un número indeterminado de funcionarios que también violan este principio, principalmente en los poderes judiciales locales.
