DOCE GOBERNADORES DE ARGENTINA RESPALDAN A ALBERTO FERNÁNDEZ PARA ENJUICIAR CORTE SUPREMA
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, junto con doce gobernadores están impulsando un juicio político contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), Horacio Rosatti, y los otros tres magistrados que conforman el tribunal, acusándolos de “mal desempeño en sus funciones” y “manifiesta parcialidad” en las resoluciones.
En su mensaje de año nuevo, el presidente Fernández reiteró que buscaría el juicio político al ministro presidente, y solicitó el apoyo de los gobernadores: “He convocado a los señores gobernadores que acompañaron al Estado Nacional en su planteo contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que, en conjunto, impulsemos el juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Horacio Rosatti para que se investigue su conducta en el desempeño de sus funciones”, anunció el mandatario en un comunicado el pasado 1 de enero de 2023.
Dos días después, doce gobernadores de las 23 entidades que hay en Argentina dieron su respaldo para impulsar el juicio político contra los magistrados. En un encuentro en la Casa Rosada –sede del gobierno federal– Alberto Fernández encabezó la reunión con los mandatarios provinciales Axel Kicillof de Buenos Aires, Jorge Capitanich del Chaco, Gerardo Zamora de Santiago del Estero, Sergio Ziliotto de La Pampa, Gustavo Melella de Tierra del Fuego, Gildo Insfrán de Formosa, Alicia Kirchner de Santa Cruz, Raúl Jalil de Catamarca y Ricardo Quintela de La Rioja.
“Mañana se va a presentar el pedido de juicio político”, adelantó el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, al terminar la conferencia de prensa que brindaron los políticos al terminar la reunión en la Casa Rosada.
Las tensiones entre el Poder Judicial y el gobierno argentino escalaron desde que la Corte Suprema ordenó al Estado nacional restituir a la ciudad de Buenos Aires –gobernada por un opositor al peronismo– restituir 2.94% de los fondos de coparticipación federal que habían sido quitados en 2020 para destinarlos a la provincia (la entidad) de Buenos Aires, gobernada por el oficialismo.
